Problemática en la aplicación sobre la prima de antigüedad

Abstract

La interpretación literal del artículo 20 Constitucional, en su fracción I, es la de que, se instituye como garantía del acusado dentro del juicio de orden criminal, el que sea puesto en libertad bajo fianza inmediatamente que lo solicite, siempre que el delito que se le imputa merezca ser castigado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión; pero en una interpretación más amplia, debe dejarse establecido que un sentenciado tiene derecho a tal beneficio cuando se le imponga una pena de cinco años de prisión o menor, por tratarse de la misma garantía individual de orden constitucional, establecida para los procesados en un juicio del orden criminal, que culmina con la sentencia de segunda instancia; sin embargo,el espíritu de aquella norma constitucional reconoce como elemento fundamental y fundamentante, que el acusado mientras no sea condenado ejecutoriada- mente, debe gozar del mencionado beneficio de la libertad caucional, ya que el ejercicio de los recursos ordinarios e interposición en su caso, del juicio de amparo, como medio extraordinario de impugnación, contra una sentencia de condena, la dejan subjudice, ante la posibilidad legal de obtener sea revocada y lograr el pronunciamiento de una absolutoria, presunción ésta que debe admitirse como base para seguir gozando o disfrutar de la libertad caucional, ante el planteamiento de las hipótesis de la libertad caucional concedida al acusado en la instancia y la solicitada en el incidente de suspensión con motivo del amparo directo intentado contra la sentencia definitiva en grado de apelación.